Ciudades Inteligentes: presente y futuro

El pasado mes de marzo fue publicado el denominado Plan Nacional de Ciudades Inteligentes (en adelante, PNCI), dentro de la iniciativa establecida por la Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial en España. De acuerdo a lo establecido por el Grupo Técnico de Normalización 178 de AENOR (AEN/CTN 178/SC2/GT1 N 003):

“Ciudad Inteligente (Smart City) es la visión holística de una ciudad que aplica las TIC para la mejora de la calidad de vida y la accesibilidad de sus habitantes y asegura un desarrollo sostenible económico, social y ambiental en mejora permanente. Una ciudad inteligente permite a los ciudadanos interactuar con ella de forma multidisciplinar y se adapta en tiempo real a sus necesidades, de forma eficiente en calidad y costes, ofreciendo datos abiertos, soluciones y servicios orientados a los ciudadanos, como personas, para resolver los efectos del crecimiento de las ciudades, en ámbitos públicos y privados, a través de la integración innovadora de infraestructuras con sistemas de gestión inteligente”.

Pues bien, según se determinó en la Conferencia sobre desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, celebrada en Río de Janeiro de 2012, algo más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, número que se verá incrementado hasta cerca del 60 % en 2030, según los cálculos más recientes.

Esta realidad supone un trepidante desafío organizativo social, desde una óptica de prestación de servicios de manera sostenible y adaptada a las nuevas circunstancias, así como al desarrollo imparable de las nuevas tecnologías, haciendo un uso efectivo de las mismas y dando paso a un impulso sostenible de lo que se ha venido a denominarse Ciudad Inteligente.

El Parlamento Europeo, al respecto, a través de su Dirección General para Políticas Internas, establece que una ciudad será considerada inteligente si aborda, al menos, una de las características que a continuación se exponen: Smart Living, Smart Governance, Smart Mobility, Smart People, Smart Enviorenment, Smart Economy.

 

Siguiendo dicha referencia, al menos la mitad de las ciudades europeas de más de 100.000 habitantes, pueden ser clasificadas como ciudad inteligente. Por su parte, España se encuentra dentro de los países de la UE con más proyectos encuadrados en el apartado de Smart Governance.

 

Al PNCI se le han asignado fondos de más de 150 millones de euros, encaminados a plasmar de manera efectiva los procesos inteligentes de modernización de nuestras entidades locales.

No obstante, la asignación de fondos sin un control adecuado de los mismos, garantiza de manera prácticamente indudable una pérdida de consecución del objetivo deseado. Por ello, se ha propuesto la creación de un Consejo Asesor de Ciudades Inteligentes[1]. Las principales funciones del mismo serán proponer estrategias, coordinar, favorecer la participación conjunta de entidades públicas, privadas, expertos y la emisión de informes.

Asimismo, las propias entidades locales se han unido a su vez, en diversas organizaciones, como pueda ser la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y la Fundación Mobile World Capital de Barcelona.

El PCNI tiene, como principales objetivos formales, los que a continuación se detallan:

- Aumentar la aportación de las TIC al PIB del sector industrial.

- Mejora de la eficacia y eficiencia de las entidades locales en la prestación de los servicios públicos a través del uso de las TIC.

- Gobernanza del sistema de ciudades inteligentes.

- Estandarización, regulación y normativa.

Dichos objetivos formales deberán conllevar unos resultados prácticos, encuadrados principalmente en:

- Mejora general de la calidad de vida de ciudadano.

- Entornos atractivos para la inversión y el turismo.

- Gestión medioambiental más eficiente.

- Proporcionar nuevos instrumentos para agilizar la movilidad del ciudadano.

- Generar accesibilidad universal a los servicios TIC ofrecidos en la ciudad.

No obstante, a pesar de las incuestionables ventajas expuestas, hay un aspecto fundamental que no puede dejarse al margen: cuanto mayor sea el entorno tecnológico implantado e interconectado en el seno de la ciudad, mayores serán las posibilidades de vulnerabilidades mediante ataques informáticos y errores funcionales. Dichas circunstancias podrían afectar, con mayor o menor gravedad y entre otros, a los servicios de:

- Alumbrado.

- Gas.

- Agua.

- Tráfico.

- Transporte público.

- Estacionamiento.

- Residuos.

- Datos e información relativa a personas, utilizadas por los servicios públicos.

 

En definitiva, el concepto de Ciudad Inteligente tendrá en el futuro más luces que sombras, siempre y cuando se dispongan de las suficientes estructuras organizativas y económicas, así como de las medidas técnicas y jurídicas lo suficientemente robustas como para evitar procesos insostenibles, inseguros y de poca utilidad práctica.